El voto secreto, solicitado por la oposición con la esperanza de que en las filas del Gobierno hubiera alguna rebelión interna, no ha surtido efecto y la Cámara de Diputados italiana ha aprobado a mediodía de este jueves el controvertido cambio del sistema electoral. La ley ha salido adelante con 227 votos a favor y 164 en contra en una sesión en que la oposición ha exhibido carteles que decían “No al embrollo” y “Ley estafa”. La primera ministra, Giorgia Meloni, había amenazado a los suyos con convocar elecciones anticipadas si la ley no era aprobada, pues ya en julio hubo al menos 40 votos en su coalición en contra de la norma. La aprobación parlamentaria de la ley, sin embargo, también pavimenta el camino para unos comicios adelantados.
La ley, no obstante, tiene varios puntos críticos que van a ser recurridos al Tribunal Constitucional y puede originar nuevos problemas. Se espera que estas objeciones sean resueltas por la vía rápida, en febrero como más tarde, con un margen de tiempo que permita al Gobierno modificar lo necesario, si es posible. Porque lo cierto es que, liberado el camino con el nuevo sistema electoral que deseaba Meloni, se hace más real la posibilidad de que las elecciones previstas para octubre de 2027 se adelanten a la próxima primavera.
El auge de la nueva formación de ultraderecha del exgeneral Roberto Vannacci, Futuro Nacional, que ya está en un 8% en los sondeos, ha metido prisa a Meloni para ir a las urnas cuanto antes, pues de momento está fuera de su coalición y les está comiendo terreno. Los otros dos socios del Ejecutivo —La Liga y Forza Italia, que se están desgastando cada vez más en las encuestas— tienen, sin embargo, la esperanza de que Vannacci se desinfle o toque techo y preferirían ganar tiempo y agotar la legislatura.
El punto fundamental del nuevo sistema es que regala la mayoría absoluta, con un paquete de escaños (70 en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado), a la coalición que supere el 42% de los votos. La reforma, según ha explicado el Ejecutivo, busca la estabilidad en un país históricamente conocido por lo contrario. También que los partidos se agreguen en bloques forjando alianzas previas y no concurran en solitario para negociar después según los resultados.
El actual Gobierno de Meloni, que ha batido el récord de permanencia, con más de cuatro años, ha sido una excepción fruto del azar: en 2022 la izquierda acudió dividida en un sistema que ya premiaba a las coaliciones. Lo cierto es que con esa misma ley electoral volvería a hacerlo, pero como ahora la oposición sí se presenta unida había más probabilidades de que venciera. De ahí las críticas a la primera ministra de que, en realidad, cambia el sistema de recuento del voto para reducir los riesgos de perder. O de un empate, que devolvería a la política italiana a un escenario tradicional de caos y tacticismo. En todo caso, esa amenaza no desaparece con el cambio recién aprobado, porque en caso de que ninguna coalición llegue al 42% en ambas cámaras simplemente se aplicaría un recuento proporcional puro, que alumbraría un Parlamento muy fragmentado.
El ascenso de Vannacci también ha irrumpido en estas maquinaciones, pues cuando el Gobierno planteó el nuevo sistema electoral el exgeneral aún no existía en los sondeos. Y resulta que ahora las cuentas ya no les salen: con Futuro Nacional fuera de la coalición de la derecha y la ultraderecha, podría atraer un porcentaje de votos decisivo para que el bloque de Meloni no logre la victoria. Con todo, no se descarta que al final Vannacci se una a la coalición de la primera ministra.
El primer punto problemático en el nuevo sistema electoral está precisamente en la asignación de un bloque de escaños suplementario. El artículo 57 de la Constitución indica que el Senado se elige sobre base regional, y en este caso se hace a escala nacional. Los recursos de inconstitucionalidad con más probabilidades de prosperar son los que cuestionan este mecanismo.
El nuevo sistema también impone listas casi abiertas, salvo el primer nombre de la papeleta, que es elegido por los partidos. Esto también puede influir en la paridad de sexos de los elegidos, pues hasta ahora se alternaban en listas cerradas, pero ahora no es obligatoria en ese primer nombre de la lista bloqueado. En todo caso, el retorno a las listas abiertas es un hito en Italia, pues desaparecieron hace 30 años. Eran un símbolo del viejo sistema, sometido al clientelismo en el territorio de cada candidato.
Candidatos A Primer Ministro
Otro factor novedoso, y que ahora corre el riesgo de impugnación ante el Tribunal Constitucional, es que las coaliciones deben designar a su candidato a primer ministro. Es algo inédito en Italia, porque la elección del jefe de Gobierno es potestad del presidente de la República, tras consultar a los partidos y verificar las mayorías parlamentarias. Algunos juristas han indicado que prescribirlo ya antes de los comicios puede ser problemático. Y para la oposición es un modo solapado de Meloni de introducir por la puerta de atrás una de sus aspiraciones frustradas, el llamado premierato, es decir, dar más poder a la figura del primer ministro, en detrimento del presidente de la República.
Por otro lado, es un evidente golpe bajo de Meloni a la oposición, pues el Partido Democrático (PD) de Elly Schlein y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) de Giuseppe Conte se pelean desde hace meses por quién de los dos debe ser el candidato de la coalición de centroizquierda. Como no se ponen de acuerdo, la solución había sido no decidir nada y simplemente esperar a ver qué formación era la más votada. La nueva ley les obliga ahora a organizar unas primarias que el PD prefería haber evitado, y sobre las que ya se está discutiendo también. Se maneja la idea de celebrarlas en enero. En resumen, esta medida aumenta la beligerancia interna en la oposición.
Otro aspecto polémico, y que también puede ser objeto de recurso al Constitucional, es que sube el nivel de exigencia para los nuevos partidos sin representación parlamentaria previa que quieren presentarse a unas elecciones. Hasta ahora bastaban 1.500 firmas por circunscripción electoral, pero se han subido a 6.000, lo que significa recoger 450.000 en todo el país, y no se permite hacerlo de forma digital, solo en papel. Para los críticos, esta medida va contra el artículo 3 de la Constitución, que prohíbe discriminaciones legales no razonables, y el 49, que establece el derecho de todos los ciudadanos a entrar en política.